Control previo administrativo de los contratos estatales

Por lo tanto, el control previo que realiza la oficina de control interno para cumplir las funciones de verificación, revisión y evaluación de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, metas de la organización, y demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones, puede, a manera de ejemplo, revisar: i) que el proceso contractual se ajuste a las leyes que lo regulan, ii) verificar la forma en que la entidad, en el proceso de contratación, solicitó la acreditación de la capacidad financiera; iii) el cronograma del pliego de condiciones, que debe estar acorde con la Ley; iv) las solicitudes de certificaciones o documentos; y v) la justificación de la adquisición de los bienes o servicios objeto del proceso de contratación, entre otros.

Por último, y si bien el artículo 65 de la Ley 80 de 1993 establece que las oficinas de control interno realizan el control previo administrativo de los contratos, no significa que dicho control deba ser de únicamente de manera previa, ya que al hacer un análisis de las normas mencionadas podemos concluir que las normas especiales que regulan el control interno, es decir, la Constitución Política y la Ley 87 de 1993, no establecen un momento en que las oficinas de control interno deban ejercer sus funciones de verificación y revisión, por lo que, el control administrativo de las oficinas de control interno puede ser de manera previa, concomitante o posterior.

La Constitución Política establece que la Administración pública, en todos sus órdenes, debe contar con un control interno, por tanto las entidades públicas deben diseñar e implementar sus procedimientos de conformidad con lo establecido en la ley. Por lo anterior se expidió la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.