Convenios de asociación y contratación con entidades sin ánimo de lucro

La contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, reglamentada por el Decreto 092 de 2017, es una contratación especial que procede exclusivamente en los casos previstos en tales normas. En ese orden, la aplicación del Decreto 092 de 2017 está restringida a: (i) contrato de interés público o de colaboración, es decir la contratación con ESAL para impulsar programas y actividades de interés público acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.

Esos negocios jurídicos son esencialmente distintos a los contratos para la adquisición y aprovisionamiento de bienes, obras o servicios regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y no hacen parte del sistema de compra pública. De acuerdo con lo anterior, si la entidad estatal adquiere o se abastece de un bien, obra o servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el Decreto 092 de 2017.

No todas las actividades que las entidades estatales deben desarrollar para alcanzar sus objetivos misionales deben ejecutarse a través de la celebración de contratos de colaboración o convenios de asociación enunciadas anteriormente. Debe tenerse en cuenta que lo que determina la aplicación del Decreto 092 de 2017 no es únicamente el carácter de las entidades sin ánimo de lucro sino el objeto del contrato o convenio que la entidad pretende adelantar.