Prohibición de celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos en período de garantías electorales

Si una sociedad de economía mixta, es decir, una entidad descentralizada del orden territorial actúa en una relación contractual cuyo otro extremo es una entidad del orden nacional, le aplica la restricción prevista en el parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005, toda vez que esta disposición prohíbe la celebración de convenios y contratos interadministrativos a las entidades territoriales y descentralizadas del orden territorial, y para que se configure dicha tipología contractual es necesario que la otra parte sea una entidad estatal, y esta última puede ser del orden nacional o territorial.

Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración pública. Así las cosas, y atendiendo a la literalidad del enunciado parágrafo, no hay lugar a una interpretación diferente a la allí prevista, pues de acuerdo con lo anotado esta clase de acuerdos de voluntades se definen por un criterio orgánico, por lo que uno de sus elementos esenciales es que en los extremos de la relación jurídico negocial concurran personas de derecho público, independientemente de su modalidad de selección o el proceso utilizado para llegar a su celebración.

Las elecciones que se tienen programadas para el 2019 restringen la celebración de convenios o contratos interadministrativos que ejecuten recursos públicos. No obstante, si el negocio jurídico que pretende suscribirse no es un convenio interadministrativo pues una de sus partes no es una entidad del Estado, no existen restricciones para su celebración, siempre que para ello se apliquen las normas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En virtud de lo anterior, para que un negocio jurídico sea considerado interadministrativo, todas sus partes sin excepción deben ser entidades públicas. No obstante, si el negocio jurídico que pretende celebrarse no es un convenio interadministrativo, sino un convenio de otra naturaleza puede ser viable su suscripción, siempre que para ello se observen las normas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.