Normativa que rige los contratos de consultoría y posibilidad de celebrar licitación pública durante la vigencia de la Ley de Garantías

En el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, se prevé que los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley. En otras palabras, por regla general, el contrato de consultoría se rige por la normativa de la Ley 80 de 1993 y en lo no previsto en esta normativa se rige las disposiciones civiles y comerciales.

La Ley 1882 de 2018 hizo dos cambios en relación con el contrato de consultoría: i) estableció que los consultores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, celebrados por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. Y, de igual forma, ii) establece la facultad que el Gobierno Nacional adopte documentos tipo para los pliegos de condiciones para interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras.

El artículo 33 de la Ley 996 de 2005, normativa que aplica en las elecciones presidenciales, establece que durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuera el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. En este sentido, en las elecciones presidenciales no se prohíbe adelantar la modalidad de selección de licitación pública en ninguna circunstancia.