Multas en contratos estatales y principio de conservación de los contratos

De esta forma, las multas se erigen como un instrumento puesto a disposición de las diferentes entidades estatales para que éstas conminen, apremien, compulsen o constriñan al colaborador de la Administración, con el objetivo de que ajuste su conducta a las prescripciones del contrato. Es decir, en últimas, es una medida de intimidación o persuasión utilizada por las entidades para recordarle al contratista la necesidad de cumplir bien y oportunamente con las prestaciones que tiene a su cargo.

Por el contrario, tratándose de las multas, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 habilita a las entidades estatales para que puedan dar por terminado el procedimiento sancionatorio cuando por algún medio tengan conocimiento de la cesación del incumplimiento. Así, en opinión de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – el mencionado artículo incluye una facultad discrecional en cabeza de la Administración al utilizar el verbo en forma potencial.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – considera que la existencia de un procedimiento administrativo para la imposición de una multa no inhibe ni restringe la posibilidad de que las entidades estatales suscriban con su colaborador otrosíes. No obstante, dichos acuerdos modificatorios, cualquiera que sea su denominación, no deben ni pueden suponer la condonación de un incumplimiento convencional ni conllevar a superar artificialmente el mismo, como sucedería, por ejemplo, con la ampliación del plazo para cumplir una determinada obligación.

En consecuencia, el principio en comento no solamente supone la aplicación privilegiada de la regla hermenéutica conocida como el efecto útil, sino que pende porque el resultado esperado por las partes al suscribir el acuerdo de voluntades se alcance, lo cual se potencializa en materia de contratación estatal, en tanto con ella se colman necesidades colectivas.