Entidades estatales, territorios indígenas y cabildos: capacidad jurídica y contratación

El documento conceptúa la capacidad jurídica de los cabildos y asociaciones de cabildos indígenas para contratar, precisando su naturaleza jurídica, los marcos normativos aplicables y las modalidades de contratación disponibles. Establece que las asociaciones de cabildos, reguladas por el Decreto 1088 de 1993, son entidades de derecho público de carácter especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, facultadas para adelantar actividades industriales, comerciales y sociales, así como para celebrar contratos bajo regímenes diferenciados según su objeto. Señala que los territorios y resguardos indígenas autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se consideran entidades estatales conforme a la Ley 80 de 1993, mientras que aquellos no autorizados deben ejecutar dichos recursos mediante contratos de administración con entidades territoriales. Además, reconoce la posibilidad de celebrar convenios solidarios entre municipios, distritos y cabildos indígenas para el desarrollo de programas y obras, sin limitaciones de cuantía. La posición se fundamenta en el bloque de constitucionalidad, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1088 de 1993, la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1953 de 2014, destacando la autonomía de los pueblos indígenas y las condiciones para el ejercicio de su capacidad contractual.

Determinar la capacidad jurídica de los territorios indígenas, resguardos y cabildos para contratar y administrar recursos públicos, así como los mecanismos legales aplicables (contratos, convenios solidarios y asociaciones de cabildos).

• Constitución Política de Colombia de 1991cita a
• Decreto 1088 de 1993cita a
• Decreto 1953 de 2014cita a
• Decreto 2164 de 1995cita a
• Ley 1150 de 2007cita a
• Ley 136 de 1994cita a
• Ley 1454 de 2011cita a
• Ley 1551 de 2012cita a
• Ley 21 de 1991cita a
• Ley 80 de 1993cita a