Ley de Garantías Electorales – Prohibición para servidores públicos y empresas de servicios públicos

Para las elecciones territoriales, esto es, las que se celebran para elegir autoridades locales: alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, la prohibición en cuanto a la contratación pública aplicable es la contenida en el parágrafo del artículo 38 y no las de los artículos 32 y 33 de la Ley de Garantías Electorales.

La única restricción a la contratación directa que supone la Ley de Garantías Electorales es la contenida en el literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, es decir, los contratos o convenios interadministrativos, por lo que el resto de los eventos de contratación directa que enlista esta norma están permitidos durante el período de 4 meses anteriores a las elecciones.

Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios no son sociedades de economía mixta, en los términos de la sentencia C-736 de 2007 de la Corte Constitucional. La naturaleza jurídica de estas empresas es especial y su clasificación, según su composición accionaria, es la contenida en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, esto es, empresas oficiales -capital público del 100%-, mixtas -capital público superior al 50%- y privadas -capital público inferior al 50%-.

Así las cosas, los gerentes o directores de las Empresas de Servicios Públicos, oficiales, mixtas o privadas con participación pública, del orden municipal, departamental o distrital, son destinatarios de la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, es decir, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.