Servicios públicos domiciliarios – operadores autorizados – régimen contractual – licitación pública

El documento conceptúa sobre el régimen contractual aplicable a los municipios cuando celebran contratos con empresas de servicios públicos domiciliarios para asumir la prestación de uno o varios servicios públicos. Fija la posición de que, en estos casos, la selección debe realizarse necesariamente mediante licitación pública, conforme al parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. La autoridad señala que, aunque las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado en su actividad contractual, esta regla general cede cuando se trata de contratos celebrados por entes territoriales con dichas empresas para la prestación de servicios públicos, donde se aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Además, precisa que la licitación pública es el procedimiento obligatorio, descartando la contratación directa incluso cuando el municipio sea socio de la empresa seleccionada. La interpretación se fundamenta en la normativa especial de servicios públicos y en los criterios emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que excluyen la figura de la concesión salvo en áreas de servicio exclusivo.

Determinar si los municipios pueden celebrar convenios o contratos interadministrativos mediante contratación directa con empresas de servicios públicos domiciliarios de las que son socios, o si deben realizar licitación pública conforme al parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994

• Constitución Política de Colombia de 1991cita a
• Decreto 1082 de 2015cita a
• Ley 142 de 1994cita a
• Ley 1474 de 2011cita a
• Ley 489 de 1998cita a
• Ley 689 de 2001cita a
• Ley 80 de 1993cita a