Consultoría en contratación pública: dedicación de profesionales y límites en contratos de consultoría

En los procesos de contratación de servicios de consultoría es práctica común cuantificar el esfuerzo de los profesionales mediante porcentajes de dedicación temporal al proyecto. Esta metodología busca reflejar, de forma proporcional, el tiempo que cada integrante del equipo destinará al desarrollo del proyecto, permitiendo a las entidades contratantes estimar la disponibilidad efectiva de los recursos humanos propuestos. En consecuencia, el consultor, como responsable de la ejecución del contrato y como persona de derecho privado, en un principio, cuenta con la libertad económica que tiene todo empresario para conformar su empresa, entendiéndose incluida en esta libertad, la forma de vincular a su personal a través de un contrato de naturaleza civil, como el de prestación de servicios o contrato laboral, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato.

Dado que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla reglas específicas sobre la dedicación porcentual de los profesionales ofrecidos en las propuestas para ejecutar contratos de consultoría, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente recomienda que las Entidades Estatales reglamenten este aspecto en los pliegos de condiciones, para ello. Así las cosas, el pliego debe establecer requisitos objetivos, claros y proporcionales que permitan verificar la idoneidad y disponibilidad real del equipo de trabajo propuesto. Lo anterior es fundamental considerando que la simultaneidad de contratos con porcentajes acumulados que excedan la capacidad del profesional puede comprometer la ejecución efectiva del contrato pues las actividades a desarrollar objeto del contrato podrían ser desatendidas y en consecuencia derivar en un incumplimiento.

Conviene recordar que el contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, es decir, el que no está regido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se configura como un acuerdo voluntario entre las partes, mediante el cual se pacta la realización de una actividad específica a cambio de una contraprestación económica denominada “honorarios”. En este marco, quien contrata se denomina “contratante” y quien ejecuta el servicio, “contratista”, en el que las partes pueden convenir libremente las condiciones de disponibilidad, siempre que no se vulneren derechos fundamentales ni se configure una relación laboral encubierta.

Así, el contratista, independientemente del tipo de vínculo que mantenga con los profesionales que integran su equipo, deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones de dedicación establecidas por la entidad, tanto en la etapa precontractual como durante la ejecución del contrato.