Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública

Inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal: taxatividad, nulidad absoluta y revocación directa del acto de adjudicación por medios ilegales

Respuesta a radicados No. 1_2026_08_21_011166, 1_2026_08_24_011195, 1_2026_08_25_011298, 1_2026_09_02_011700, 1_2026_09_02_011703 y 1_2026_09_03_011724 (acumulados) · 23 de septiembre de 2026

EpígrafeInhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal: taxatividad, nulidad absoluta y revocación directa del acto de adjudicación por medios ilegales
Resumen

Colombia Compra Eficiente conceptúa que las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado son restricciones de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, cuya tipificación solo puede realizarse mediante ley o Constitución, conforme al principio de legalidad. En este marco, la omisión de revelar la verdadera estructura societaria no configura por sí misma una inhabilidad, pero puede impedir que la entidad contratante identifique inhabilidades legalmente tipificadas que se extienden a matrices, subordinadas o grupos empresariales, como las previstas en los literales j) y k) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. La entidad contratante debe verificar la existencia de situaciones de control conforme al artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 1600 de 2024, pues la información societaria distorsionada puede incidir en la validez del acto de adjudicación y del contrato estatal, generando nulidad absoluta por las causales primera y cuarta del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La revocación directa del acto de adjudicación procederá si este se obtuvo por medios ilegales, como la presentación de información falsa o incompleta. El deber de transparencia societaria aplica de manera transversal a todas las entidades y proponentes sujetos al decreto, sin distinción de sector económico, pero su aplicación concreta corresponde a cada entidad estatal bajo su propia responsabilidad.

Pregunta formulada a la Agencia

¿La omisión de revelar la verdadera estructura societaria configura una inhabilidad en la contratación estatal y puede afectar la validez de actos administrativos y contratos estatales? ¿Cómo debe proceder el funcionario público ante esta omisión? ¿El deber de verificar situaciones de control aplica según el sector de la entidad contratante?

Fragmentos citables
[…] las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio […]
Establece el principio de legalidad y la interpretación restrictiva de las inhabilidades e incompatibilidades, fundamento esencial para entender su alcance y límites en la contratación estatal.
La omisión de revelar la verdadera estructura societaria no constituye, por sí misma, una inhabilidad para contratar con el Estado, pues la ley no le atribuyó tal carácter y las causales de inhabilidad son taxativas y de interpretación restrictiva. Sin embargo, dicha omisión puede impedir que la entidad contratante advierta la configuración de inhabilidades legalmente tipificadas que el ordenamiento extiende expresamente a matrices, subordinadas y grupos empresariales. Entre estas se encuentra la del literal j) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 2014 de 2019, cuya lógica anticorrupción impide que la persona o empresa sancionada utilice vehículos societarios relacionados para eludir la restricción. Igualmente aplica la inhabilidad del literal k) ibídem, cuya extensión societaria alcanza a las personas jurídicas en las cuales los socios controlantes hayan financiado campañas políticas por encima del tope legal. Para prevenir la configuración de estas causales, el artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 1600 de 2024, impone a las entidades destinatarias el deber de verificar la existencia de situaciones de control conforme a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. La información sobre situaciones de control es, en ese contexto, un punto de referencia esencial para verificar la capacidad jurídica del proponente. Cuando dicha información es omitida o distorsionada, la ausencia del cumplimiento del deber se convierte en un impedimento para que la entidad verifique adecuadamente esa capacidad, lo que puede dar lugar a que el proponente no sea […]
Explica la relación entre la omisión de información societaria y la posible configuración de inhabilidades, así como su impacto en la validez del proceso contractual.
Cuando como consecuencia de esa omisión la entidad contratante celebre el contrato con quien se encontraba legalmente impedido para ello, dicho contrato estará afectado de nulidad absoluta por la causal primera del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Esto es así porque la inhabilidad, al tener carácter objetivo, opera con independencia de que la entidad la haya conocido o verificado, sin que su desconocimiento tenga la virtualidad de sanearla. Adicionalmente, si el acto de adjudicación es declarado nulo porque el supuesto objeto de consulta configura una de las causales que dispone la ley para ello, también lo será el contrato estatal que en este se fundamente, por configuración de la causal cuarta del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En cualquiera de los dos casos, cuando la nulidad absoluta derive de las causales de los numerales 1° y 4° del artículo 44, el jefe o representante legal de la entidad deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado […]
Detalla las consecuencias jurídicas de la nulidad absoluta del contrato estatal por inhabilidad no detectada, incluyendo las obligaciones de la entidad contratante.
El artículo 2.1.4.3.1.2 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1600 de 2024, delimitó el ámbito subjetivo de aplicación del deber de verificar situaciones de control en función de la naturaleza jurídica de las entidades y del nivel de gobierno al que pertenecen, sin establecer restricción o excepción alguna basada en el sector económico en que desarrollen su actividad contractual. Las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva deben verificar la existencia de situaciones de control en todos sus procesos de contratación, con independencia del sector al que pertenezcan o del objeto que contraten; las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las instituciones con regímenes especiales de contratación quedan igualmente sujetas en los aspectos en que deban aplicar el régimen general de contratación; y las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas deben aplicar en sus planes y políticas las líneas de acción contenidas en el capítulo, en el marco de su autonomía. Desde la perspectiva de los proponentes, la norma tampoco estableció limitación alguna respecto de su naturaleza, el sector al que pertenecen o el tipo de bien o servicio que ofrecen. El deber de informar la existencia o inexistencia de situaciones de control recae sobre todo proponente que participe en un proceso de selección adelantado por las entidades destinatarias del decreto, con independencia del sector económico en que opere. En consecuencia, el estándar de transparencia societaria aplica de manera transversal a todos los sujetos allí dispuestos —incluyendo empresas que operan en sectores de telecomunicaciones, energía renovable, salud, educación superior o transporte masivo— pues el único criterio determinante es de orden subjetivo: que la entidad contratante se encuentre dentro del ámbito de aplicación […]
Precisa el ámbito subjetivo de aplicación del deber de verificar situaciones de control, destacando su carácter transversal sin excepciones sectoriales.
MateriasNulidad Absoluta Del Contrato Estatal · Revocación directa del acto de adjudicación · Deber de verificar situaciones de control societario · Inhabilidades para contratar con el Estado · Contratación estatal · Acto De Adjudicación · Decreto 1600 De 2024 · Inhabilidades E Incompatibilidades · Nulidad Del Contrato Estatal · Capítulo Tercero · Entidades obligadas a su aplicación · Interpretación restrictiva · Nulidad Absoluta · Nulidad Relativa · Principio de legalidad · Revocación directa · Supuestos · Taxatividad
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/C-1323.docx
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Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-1323 de 2026
NúmeroRespuesta a radicados No. 1_2026_08_21_011166, 1_2026_08_24_011195, 1_2026_08_25_011298, 1_2026_09_02_011700, 1_2026_09_02_011703 y 1_2026_09_03_011724 (acumulados)
Fecha del documento23 de septiembre de 2026
Fecha de publicación29 de septiembre de 2026
Fecha de captura28 de octubre de 2026
Última verificación28 de octubre de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 28 de octubre de 2026, verificado el 28 de octubre de 2026. Hash del original: 0cea5970d9a6….

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