Consulta sobre causales de terminación unilateral de contratos de prestación de servicios según el artículo 17 de la Ley 80 de 1993

En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma. Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere i) que la manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, ii) que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto.

Esta potestad excepcional obedece a la naturaleza misional y prioritaria del interés general dentro de la contratación estatal, y debe ejercerse mediante acto administrativo debidamente motivado, en el cual se expongan de manera clara y sustentada los hechos y fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión, atendiendo las particularidades del contrato en cuestión. Ahora bien, es importante señalar que las causales previstas en el 17 de la Ley 80 de 1993, referidas a la terminación unilateral del contrato por razones de orden público o exigencias del servicio, deben ser interpretadas de manera restrictiva, en virtud del principio de legalidad que rige las actuaciones administrativas.

En consecuencia, dichas causales únicamente son aplicables a la figura jurídica de la terminación unilateral del contrato, no siendo extensibles ni susceptibles de reinterpretación para justificar otras figuras contractuales distintas, como lo es la cesión del contrato.