Doble asignación del tesoro público y contratación de prestación de servicios por servidores públicos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política, está prohibido recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público o de empresas en las que el Estado tenga participación mayoritaria, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley. Estas excepciones están reguladas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y no incluyen la posibilidad de tener una relación laboral en una entidad estatal en paralelo con celebrar un contrato de prestación de servicios financiado con recursos públicos.

Así, un docente vinculado al magisterio en cualquier modalidad de nombramiento se considera servidor público y, en consecuencia, resulta aplicable la prohibición, salvo que estén incursos en las excepciones previstas en la Ley, particularmente las establecidas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia y en atención al problema jurídico planteado corresponde al contratista poner en conocimiento de la autoridad competente del magisterio —ya sea la secretaría de educación o la entidad territorial certificada responsable del nombramiento— la existencia de su contrato de prestación de servicios vigente con una entidad estatal, a fin de que, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución, la Ley 4 de 1992 y la Ley 80 de 1993, se determine la viabilidad o no de su designación o aceptación del reemplazo.

De igual manera, el literal f) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos están inhabilitados para contratar con entidades estatales. En este punto, el artículo 2º de la Ley 909 de 2004 y el artículo 122 de la Constitución entienden como servidores públicos tanto a quienes ejercen cargos de carrera como a quienes ocupan plazas en provisionalidad, encargos o en cualquier modalidad de nombramiento.