Cómputo de experiencia profesional en ingeniería para procesos de contratación pública

Para el caso particular de la profesión de ingeniería, esta tiene como componente que, con la expedición de la Ley 842 de 2003, se cuenta con una norma de carácter especial que regula lo atinente al ejercicio legal de la profesión de ingeniería, profesiones afines y auxiliares. Dicha norma agregó un elemento que no se contemplaba en la regla general, mediante su artículo 12, el cual establece que, para el ejercicio de profesiones como la ingeniería o alguna de sus profesiones afines o auxiliares, quien las ejerza debe contar con la tarjeta o matrícula profesional correspondiente. En este orden de ideas, la experiencia profesional se debe computar, por regla especial, a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional.

En este sentido, esta Subdirección, haciendo un juicio valorativo de la normatividad que comprende la materia y analizando los diferentes pronunciamientos expedidos, considera que, para la participación en los procesos de contratación que tengan relación como objeto el ejercicio de profesiones sujetas a regulación especial, como es el caso de las profesiones relacionadas con la ingeniería, estos deberán suscribirse conforme al mandato legal, razón por la cual no son aplicables los lineamientos generales del Decreto Ley 19 de 2012.

La experiencia profesional de los ingenieros se cuenta a partir de la expedición de la matrícula profesional; sin embargo, para acreditarla dentro de un proceso de selección, es razonable y conforme a la ley que la entidad estatal exija certificaciones laborales o contractuales que demuestren el ejercicio efectivo de la profesión. La sola tenencia del diploma o matrícula acredita la idoneidad, pero no el tiempo de ejercicio, por lo que dichas certificaciones son necesarias para verificar y cuantificar la experiencia general real del profesional, de acuerdo con los criterios de los pliegos de condiciones y la normativa aplicable en materia de contratación pública.

Como primera medida se logra establecer que la principal justificación para que el cómputo de la experiencia profesional de los ingenieros se realice desde la expedición de la matrícula profesional radica en el riesgo social que implican las profesiones de ingeniería. El ejercicio de estas profesiones no solo tiene impacto en la calidad de los proyectos o servicios, sino que también afecta directamente la seguridad, la salud y la vida de la comunidad.