Consulta sobre naturaleza jurídica de convenios de transferencia de recursos para proyectos de infraestructura entre entidades territoriales

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, en los términos del inciso primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad […]”. Por tanto, bajo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es posible celebrar tanto contratos nominados como innominados.

De esta manera, para la Agencia la figura típica relacionada con el negocio objeto de la consulta corresponde a la suscripción de contratos interadministrativos para la ejecución de obras públicas por el sistema de administración delegada. Por un lado, en atención al criterio orgánico, el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 califica a los contratos interadministrativos como aquella contratación entre entidades estatales.

En sentido amplio, dado que la “obra” es un bien que crea la actividad humana, el hecho de que sea “pública” significa que es todo trabajo material en cuya creación o realización interviene el Estado. No obstante, el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 opta por un sentido restringido, al disponer que “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”, de manera que este tipo de contrato no aplica a los trabajos materiales realizados sobre bienes muebles.