Aplicación de la Ley de Garantías Electorales a la contratación directa y convenios interadministrativos de la Agencia Nacional Digital

En cuanto a la prohibición del artículo 33, dirigida a evitar la celebración de contratación directa durante los cuatro (4) meses previos a las elecciones presidenciales, se trata de una limitación de carácter general aplicable a todos los entes estatales, incluidas aquellas entidades descentralizadas indirectas del orden nacional que, como la AND, contratan bajo reglas del derecho privado. Al contrastar el catálogo taxativo de excepciones del inciso segundo del artículo 33, se advierte que los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión —que, conforme a la Ley 1150 de 2007 y al Manual de Contratación de la AND, se celebran mediante contratación directa— no encuadran en ninguno de los supuestos exceptuados por el legislador.

En relación con la prohibición prevista en el parágrafo del artículo 38, esta se dirige exclusivamente a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, es decir, a entidades del orden territorial, y recae únicamente sobre los convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos. Dado que la Agencia Nacional Digital es una entidad descentralizada indirecta del orden nacional, organizada como asociación civil de participación pública y naturaleza jurídica privada, no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo de aplicación del parágrafo del artículo 38, por lo que dicha restricción no le resulta aplicable.

De esta manera, aunque la AND no es sujeto obligado por el artículo 38, cuando proyecte suscribir un instrumento con una entidad territorial incluida en dicha disposición, deberá verificar si la naturaleza del instrumento jurídico corresponde a un convenio interadministrativo para la ejecución de recursos públicos. Si ello es así, la restricción se activa respecto de la entidad territorial obligada, lo que condiciona la viabilidad del convenio. Por el contrario, si el instrumento corresponde a un contrato interadministrativo, la prohibición del artículo 38 no resulta aplicable, conforme a la interpretación vigente del Consejo de Estado.