Inhabilidades e incompatibilidades para arquitectos vinculados por prestación de servicios con entidades públicas

Las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público, celebren contratos con el Estado, o no puedan ejercer una profesión, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general.

las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

De acuerdo al problema jurídico presentado, y teniendo en cuenta las precisiones tratadas en las razones de la respuesta, se señala que analizado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal, se concluye que no existe una inhabilidad o incompatibilidad en aquellos supuestos de arquitectos contratistas por prestación de servicios profesionales que, además de cumplir labores en una dependencia de una entidad pública, ejercen su actividad como independientes en la elaboración de diseños, construcción de viviendas y firma de planos que serán usados por particulares en solicitudes de licencias de construcción, cuando dicha dependencia de la entidad es la competente de otorgarlas.

Al respecto, el artículo 22 de la Ley 435 de 1998 establece restricciones para el ejercicio profesional en contextos públicos y privados, señalando que incurren en falta quienes actúan como asesores o representantes técnicos simultáneamente en empresas con actividades idénticas sin autorización expresa, quienes intervienen en un asunto y luego asesoran a la parte contraria, y quienes participan como peritos en situaciones que les generan inhabilidades o incompatibilidades legales.