Liquidación de contratos estatales y pérdida de competencia de la entidad

La liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo. Así lo manifestó el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de octubre de 2014, en la que consideró, por un lado, que liquidar supone un ajuste en relación con las cuentas y el estado de cumplimiento del contrato estatal y, por el otro, que la liquidación debe incluir el análisis de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, así como el balance económico y el comportamiento financiero del negocio.

Se precisa que la entidad estatal pierde competencia para liquidar el contrato en estos dos eventos: i) cuando se ha superado el término de los dos (2) años y seis (6) meses previstos anteriormente sin que se hubiese efectuado la liquidación, y ii) cuando, aun sin haberse vencido los plazos establecidos, se ha presentado demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener la liquidación judicial del contrato. En tales eventos, no resulta indispensable que la Entidad expida un acto que declare formalmente la pérdida de competencia, puesto que esta se produce de pleno derecho con la ocurrencia de las circunstancias descritas.

En conclusión, los plazos legales para la liquidación son perentorios y, por lo tanto, una vez vencidos por el transcurso del tiempo, ya no es posible ejercer la facultad correspondiente. En ese sentido, si la liquidación del contrato no se realiza dentro de los términos establecidos, se pierde la competencia para hacerlo. Cabe advertir que este plazo no se interrumpe ni se suspende, aun cuando queden actividades u obligaciones pendientes de cumplimiento, muchos menos por existir un proceso sancionatorio en curso pendiente de decidir.