Obligaciones de las entidades estatales frente a la experiencia de socios inscrita en el RUP

La Ley 1150 de 2007, en el artículo 5, dispone que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, así como la capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de verificación por parte de las entidades como requisitos habilitantes para participar en los procesos de selección y no otorgarán puntaje. Para ello, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 señala que todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP).

En tal sentido, en los procesos de contratación, en los que sea exigible el RUP, las entidades estatales sí están obligadas a aceptar y reconocer la experiencia del socio cuando esta se encuentra debidamente acreditada, certificada e inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP). Esto se debe a que el RUP constituye plena prueba de la información contenida en este para acreditar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación estatal. Por tanto, una vez la experiencia está incorporada en el RUP, la entidad no puede desconocerla, solicitar documentos adicionales ni imponer cargas probatorias distintas a las previstas en el Sistema de Compras Públicas.

Además, el mismo numeral 2.5 establece que, si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. De esta manera, la parte final del numeral 2.5 del artículo citado incluye una medida diferenciada para las personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres (3) años al momento del registro. Esta prerrogativa, que puede entenderse como una medida de fomento a la participación de pequeños oferentes en la contratación estatal, permite que las sociedades relativamente nuevas ─ con menos de tres (3) años de constitución ─ puedan acreditar como experiencia en el RUP la de sus accionistas, socios o constituyentes.

En consecuencia, la entidad no puede recalificar, reinterpretar, desagregar, desconocer o modificar la experiencia registrada en el RUP, pues implicaría sustituir la función certificadora de la Cámara de Comercio y vulnerar los principios de legalidad, buena fe y confianza legítima. Su competencia se limita a verificar si lo certificado en el RUP cumple o no con lo exigido en el pliego de condiciones del respectivo proceso de contratación, sin introducir criterios adicionales ni reinterpretaciones discrecionales que desconozca la libre competencia y la selección objetiva.