Consulta sobre participación de arquitectos en procesos de contratación pública de infraestructura social

Los documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en ejercicio de la potestad otorgada por la Ley 2022 de 2020 son de obligatoria observancia por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–. Debido a esto, tales entidades deben aplicar de manera forzosa los documentos tipo para desarrollar los Procesos de Contratación en los objetos y modalidades cobijadas por los documentos tipo. Así mismo, los sujetos obligados a su aplicación, no podrán variar los requisitos que en ellos sean fijados, ni establecer reglas o requisitos adicionales a los establecidos en estos para la presentación de las ofertas y la acreditación de los requisitos habilitantes.

Uno de los elementos comunes a los diferentes documentos tipo es la “Matriz – Experiencia”. Esta consta de unas celdas en las que se describe la experiencia requerida en relación con el objeto a contratar, definiendo además qué tipo de actividades relacionadas con cada sector deben acogerse a los pliegos tipo. Por otro lado, encontramos el “Anexo – Glosario”, el cual contiene las definiciones de los términos usados en los documentos del proceso. Utilizando estos dos documentos, la entidad estatal puede definir si el objeto a contratarse debe emplear los documentos tipo adoptados por esta Agencia.

No es posible que cualquier profesional de ramas distintas a la ingeniería presente propuestas en un proceso de contratación cuyo objeto sea la ejecución de una obra pública de infraestructura social, cuando dicho objeto implique el ejercicio de actividades catalogadas legalmente como ejercicio de la ingeniería. De conformidad con la Ley 842 de 2003 y la jurisprudencia, la ingeniería es una profesión sometida a requisitos de idoneidad y matrícula profesional, en atención al riesgo social que supone su ejercicio, razón por la cual solo quienes se encuentren legalmente habilitados pueden desarrollar dichas actividades.

Tratándose de personas naturales, la regla general es que quien presente la propuesta debe contar directamente con el título profesional en ingeniería y con la respectiva matrícula profesional vigente, sin que sea posible suplir esta exigencia mediante el aval de un ingeniero. El aval únicamente resulta procedente respecto de personas jurídicas, cuando su representante legal o apoderado no ostenta título de ingeniero, caso en el cual la oferta deberá estar avalada por un profesional de la ingeniería debidamente matriculado, quien asume la responsabilidad técnica y ética por las actividades propias de dicha profesión.