Contratos o convenios interadministrativos – definición – criterio orgánico

El contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean Entidades Estatales.

En el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se encuentra permitida la celebración de contratos interadministrativos tendientes a la ejecución de obras en la modalidad de administración delegada. Sin embargo, este tipo de contratos no se podrán celebrar de manera directa con sustento en la causal del literal c) del artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, cuando las ejecutoras sean instituciones de educación superior públicas, las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales.

El artículo 56 de la Ley 2195 de 2022 establece una restricción a la contratación interadministrativa dirigida evitar la elusión de los documentos tipo obligatorios expedidos por esta Agencia conforme a la Ley 2022 de 2020. En virtud de lo establecido en esta norma, en la contratación interadministrativa referente a los objetos contractuales cobijados por los documentos tipo vigentes, las Entidades Estatales deberán aplicar dichos documentos.

En consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 1602 del Código Civil, es viable que las Entidades Estatales celebren contratos en los que se pacte la administración delegada de los recursos, como forma de administración o modalidad de pago, incluso con o sin representación.