Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado – consorcios y uniones temporales

Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.

En el caso específico de las uniones temporales, y teniendo en cuenta que estas no tienen personería jurídica y actúan exclusivamente como proponentes plurales, la verificación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe realizarse de manera individual respecto de cada uno de sus integrantes, tal como se deriva del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Así, cuando uno de los miembros de una unión temporal ha sido declarado responsable fiscalmente y figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, dicha situación constituye una inhabilidad personal para contratar con el Estado, en los términos del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, mientras no se haya cancelado la obligación fiscal o se haya producido su exclusión del boletín.

No es jurídicamente procedente que una unión temporal o consorcio celebre un contrato estatal cuando uno de sus integrantes se encuentra incurso en una causal de inhabilidad vigente, mientras dicho integrante haga parte del proponente plural. Ello no obedece a una extensión de la inhabilidad a los demás miembros, sino a que la participación en estas formas asociativas exige que todos sus integrantes sean jurídicamente hábiles para contratar con el Estado, lo cual debe ser verificado de manera individual por la entidad contratante para determinar la viabilidad jurídica del proponente plural en su conjunto, conforme al régimen legal aplicable.

Contrario a la inhabilidad por incumplimiento reiterado, del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 no se desprende un mecanismo de extensión similar al previsto en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, por lo que la restricción afecta principalmente a quien haya sido declarado responsable fiscalmente mientras no haya pagado el daño a los intereses patrimoniales del Estado o, en su defecto, no haya sido excluido del boletín de la Contraloría.