Autorización de asambleas departamentales a gobernadores para enajenar bienes: alcance constitucional y legal

La enajenación se define como la transferencia del derecho real sobre un bien. Como indica la doctrina, «Dar –en sentido restringido–, traditar, enajenar, disponer, son conceptos sinónimos en el Código Civil. Cuando se da, se enajena. Cuando se tradita, se enajena, Cuando se enajena, se da o se tradita. Y, finalmente, cuando ocurre cualquiera de tales fenómenos, se dispone». Lo más usual es que la enajenación se lleve a cabo respecto del derecho de propiedad; y en tal caso se efectúa a través de los modos señalados en el artículo 673 del Código Civil, pudiendo recaer tanto sobre los bienes muebles, como inmuebles, aunque frente a estos la ley exige solemnidades especiales.

En tal orden de ideas, cuando el artículo 300, numeral 9, de la Constitución establece que corresponde a la asamblea departamental autorizar al gobernador para enajenar bienes, tal requisito se necesita para disponer de los derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles, pues dicho enunciado constitucional no distingue –y donde la norma no distingue, no está permitido hacerlo al intérprete– y, como se indicó, el concepto jurídico de enajenación se puede predicar de ambos tipos de cosas corporales.

La solicitud de autorización a las asambleas departamentales para la enajenación de bienes es una excepción a la regla que se encuentra en el artículo 25, numeral 11 de la Ley 80 de 1993, según la cual «Las corporaciones de elección popular […] no intervendrán en los procesos de contratación». Sin embargo, el mismo numeral, en el segundo inciso, establece que «De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos».