Concepto sobre indicadores de capacidad financiera y organizacional en procesos de contratación para adquisición de seguros por entidades estatales

Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidos en disposiciones normativas, de carácter legal o reglamentario, o contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los criterios de evaluación –también conocidos como criterios de calificación– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora.

Particularmente, frente al proceso contractual que tiene por objeto la contratación del esquema de seguros de la entidad estatal, se precisa que los requisitos habilitantes de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional y demás requisitos mínimos se deberán determinar teniendo en cuenta las condiciones particulares que establezca las normas especiales sobre el sector financiero, asegurador y del mercado de valores.

El resultado de la regulación definida en la normatividad anterior, en procesos de selección para la adquisición de seguros, la correlación entre el patrimonio técnico y el patrimonio adecuado se configura en un indicador relevante para analizar la capacidad financiera de las empresas aseguradoras. Ahora bien, para la definición del indicador y la forma de calcularlo se evidencia que existen diversas formas de configurarlo por parte de las Entidades contratantes, siempre partiendo del criterio establecido normativamente según el cual el patrimonio técnico deberá ser equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado.

La determinación de los requisitos o indicadores financieros y organizacionales específicos se enmarca en la autonomía de la entidad, la cual deberá definir aquellos que resulten pertinentes, razonables y proporcionales y deben fundarse en parámetros objetivos ajustados a la naturaleza y complejidad del proyecto, de manera que permitan verificar de forma suficiente la idoneidad del proponente para ejecutar el contrato.