Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado: definición, taxatividad e interpretación restrictiva

las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.

la inhabilidad para contratar con el estado de la que versa el artículo 8-1, literal d), de la Ley 80 de 1993, opera por mérito de la ley durante el término de 5 años siguientes a la ejecutoria del acto que impone la sanción disciplinaría de destitución. El principal efecto de esta restricción, al igual que de las demás previstas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993, es la imposibilidad de celebrar o ejecutar contratos estatales o participar en procesos de selección

aunque la inhabilidad general asociada a la destitución, por sí sola, no genera la pérdida de la capacidad para contratar una vez han transcurrido 5 años desde la ejecutoria de la sanción, sí puede producir dicho efecto cuando el objeto del contrato implique el desarrollo de actividades restringidas por el artículo 49-1, literal d), de la Ley 1952 de 2019, esto es, el ejercicio de funciones públicas. En este escenario, la inhabilidad general impuesta junto con la destitución impide la celebración de contratos estatales que comporten el ejercicio de funciones públicas durante el término de vigencia de la sanción fijada por la autoridad disciplinaria.

las anotaciones registradas en el certificado de antecedentes disciplinarios, de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, artículo 238, tienen un carácter estrictamente informativo y no constituyen, por sí mismas, una sanción ni generan efectos restrictivos automáticos. En dicho certificado se consignan las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Así las cosas, la sola existencia de un antecedente disciplinario no implica necesariamente una inhabilidad para contratar con el Estado, salvo que del mismo se derive una sanción disciplinaria con efectos jurídicos vigentes que expresamente restrinjan dicha posibilidad