Universidades públicas – naturaleza jurídica y régimen de contratación aplicable

Este concepto de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente fija la posición de que las universidades públicas, al regirse por un régimen especial de contratación conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, deben ajustar sus procesos contractuales a lo dispuesto en sus manuales de contratación, los cuales actúan como actos administrativos vinculantes. Precisa que, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), estas instituciones no pueden modificar unilateralmente sus modalidades de selección para evitar las prohibiciones a la contratación directa, pues los manuales de contratación, al ser reglamentos, no pueden ser desconocidos arbitrariamente. Además, señala que las universidades deben cumplir obligaciones transversales como la publicación de procedimientos en el SECOP (Régimen Especial) y acatar las prohibiciones electorales, sin que ello implique una alteración de sus estatutos. La respuesta se sustenta en la autonomía universitaria garantizada por la Constitución y la Ley 30 de 1992, así como en la naturaleza jurídica de los manuales de contratación como actos administrativos con presunción de legalidad e inderogabilidad singular.

¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de 'invitación privada' a 'invitación pública' sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa? Y, de ser así, ¿dicha actuación genera nulidad contractual o responsabilidades disciplinarias?

• Constitución Política de Colombia de 1991cita a
• Decreto 1082 de 2015cita a
• Decreto 222 de 1983cita a
• Ley 1150 de 2007cita a
• Ley 1508 de 2012cita a
• Ley 30 de 1992cita a
• Ley 489 de 1998cita a
• Ley 80 de 1993cita a
• Ley 996 de 2005cita a