Consorcios y uniones temporales: naturaleza, documento de creación y modificación de actividades no previstas

Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas, pero su creación y alcance depende de un acuerdo en el que concurre la voluntad de sus integrantes para determinar su objeto, la participación de los miembros, las obligaciones frente al proyecto, su responsabilidad, la forma en que regirán sus relaciones internas y el relacionamiento con la entidad contratante, mediante la designación de un representante.

Cuando durante la ejecución del contrato surgen actividades o ítems no previstos en el presupuesto inicial, la entidad y el contratista deben analizar las implicaciones de esas modificaciones frente al acuerdo asociativo que dio lugar a la adjudicación. En consecuencia, las Entidades Estatales, como buena práctica de gestión contractual, deben considerar el impacto que tiene la incorporación de actividades o ítems con respecto al documento de asociación del consorcio o la unión temporal. Se recomienda que la entidad verifique y aclare cuál integrante asumirá la ejecución de esas nuevas actividades o establezca la necesidad de que los miembros lo definan.

Por su parte, es importante resaltar que los integrantes del consorcio o de la unión temporal conservan la facultad de ajustar el acuerdo, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Los miembros pueden informar a la entidad contratante sobre la necesidad de modificar el documento y acordar una redistribución de las actividades, con el fin de precisar quién asume la ejecución de los ítems no previstos inicialmente. Con respecto a esta facultad, se aclara que el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 señala que los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.