Régimen de contratación de los resguardos indígenas

Conforme al Decreto 1953 de 2014, los resguardos podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones -SGP-, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto señalado, constituyéndose, así como personas jurídicas de derecho público especial. Así las cosas, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por el decreto en mención, se consideran Entidades Estatales y en tal sentido serán aplicables las disposiciones contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo cual el marco jurídico para realizar los procesos de contratación serán los establecidos en este Estatuto y no un régimen especial, dada su naturaleza jurídica.

En caso de que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.

Por otro lado, y en lo que respecta a la existencia de procesos con enfoque diferencial étnico, resulta pertinente indicar que cada Entidad Estatal dentro de la autonomía de la voluntad, es quien determina la forma en la que estructura sus procesos de contratación, y en virtud de ello la Agencia Nacional de Contratación Pública, no cuenta con un registro de información que permita identificar si un proceso de contratación tiene enfoque diferencial.

Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.