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Atribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual

1_2026_02_20_002293 · 13 de marzo de 2026

EpígrafeAtribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual
Resumen

Este documento conceptúa el alcance de las potestades excepcionales de las entidades estatales en materia de imposición unilateral de multas y cláusulas penales en contratos públicos, así como los límites y procedimientos aplicables a los descuentos por incumplimiento contractual. Fija la posición de que la imposición unilateral de multas o cláusulas penales requiere pacto previo en el contrato y se sujeta al principio de proporcionalidad, debiendo observarse los criterios de graduación establecidos en las normas civiles y comerciales (Código Civil y Código de Comercio), no en el CPACA. Además, precisa que los acuerdos de niveles de servicio (ANS) no regulados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) pueden pactarse por autonomía de la voluntad, pero su aplicación como sanción o compensación debe garantizar el debido proceso y la proporcionalidad, dependiendo de su naturaleza. También señala que la cesación del incumplimiento antes de iniciar el procedimiento sancionatorio impide su inicio, mientras que durante el trámite la entidad puede decidir discrecionalmente su terminación o continuación. Finalmente, destaca que los descuentos deben estar claramente definidos en el contrato y ser conocidos por el contratista desde la etapa precontractual para evitar afectaciones desproporcionadas a la ecuación económica del contrato.

Pregunta formulada a la Agencia

Determinar las atribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual

Fragmentos citables
El último grupo de potestades excepcionales –imposición unilateral de la multa o la cláusula penal–, por el contrario, cuentan con una particular combinación entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad, de tal suerte que si bien el legislador autorizó a las entidades para declarar el incumplimiento con la intención de multar al contratista para conminarlo al cumplimiento o para hacer efectiva la cláusula penal, es indispensable que uno u otro caso se hayan pactado en el contrato. No obstante, cumplido el requisito del pacto en el contrato, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus modificaciones, en adelante EGCAP–, por ministerio de la ley –artículo 17 de la Ley 1150 de 2007–, se entienden investidas de la prerrogativa de imposición unilateral.
Establece el fundamento jurídico de la imposición unilateral de multas y cláusulas penales, destacando la necesidad de pacto previo y la base legal que habilita esta potestad excepcional.
Si bien en estos casos, se considera que no es necesario acudir al procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se debe garantizar en todo caso el debido proceso, como principio rector de las actuaciones contractuales, cuya aplicación automática dependerá del procedimiento previamente establecido por las partes, en el cual el contratista tenga la oportunidad de ejercer sus derechos de audiencia, defensa y los demás que integran dicho derecho fundamental al debido proceso.
Explica el alcance del debido proceso en la aplicación de descuentos por incumplimiento contractual, diferenciando su aplicación según la naturaleza sancionatoria o compensatoria de los acuerdos de niveles de servicio.
En ese sentido, dichos descuentos deben corresponder estrictamente a lo pactado por las partes en el contrato, por lo que resulta indispensable que las situaciones o eventos que puedan dar lugar a su aplicación se encuentren claramente definidos, delimitados y tipificados en los documentos contractuales. Además, estas condiciones deben ser conocidas por el contratista desde la etapa precontractual, de manera que este pueda evaluar adecuadamente los riesgos asociados, incorporarlos en su propuesta y asumirlos durante la ejecución del contrato.
Establece los requisitos de claridad y previsibilidad que deben cumplir los descuentos contractuales para evitar su aplicación desproporcionada y garantizar la seguridad jurídica en la contratación pública.
MateriasAcuerdos De Niveles De Servicio · Cláusulas Excepcionales · Procedimiento Sancionatorio Contractual · Imposición unilateral de multas · Principio de proporcionalidad · Contratación estatal · Cláusulas Penales Y Multas · Compensación · Extinción De Las Obligaciones · Aplicación · Artículo 86 · Cesación de la situación de incumplimiento · Clasificación · Cláusula penal · Debido proceso · Definición · Derecho privado · Desarrollo normativo · Etapas de interpretación normativa · Imposición unilateral · Ley 1437 de 2011 · Ley 1474 de 2011 · Multas · Potestad Discrecional · Procedimiento · Proporcionalidad · Régimen jurídico · Sanciones · Terminación · Trámite
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/03/C-277.docx
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Acceso al documento

Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-277 de 2026
Número1_2026_02_20_002293
Fecha del documento13 de marzo de 2026
Fecha de publicación17 de marzo de 2026
Fecha de captura16 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 16 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: c6d76acde5f6….

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