Deber de vigilancia de los contratos, facultades de la administración y proporcionalidad de multas en la contratación estatal

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal. Para lo que, el interventor contratado, usará las facultades previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, y se someterá a los deberes y responsabilidades que implica el ejercicio de dicha actividad. Respecto de tales obligaciones, se tiene que el inciso segundo de la norma referida, establece entre otros aspectos, que el interventor deberá informar a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o, cuando el incumplimiento de este se presente.

En ese sentido, debe precisarse que, pese a que la información que remita el interventor sobre el incumplimiento del contrato es fundamental, será la entidad contratante la facultada para declararlo. Esto, en el ejercicio de las facultades exorbitantes que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en adelante EGCAP, y en observancia de las reglas dispuestas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En cumplimiento del principio de tipicidad antes mencionado –con fundamento en el cual, debe pactarse la imposición de multas en el contrato–, las partes deben determinar en forma pormenorizada las acciones u omisiones objeto de sanción y el monto de la sanción a imponer, el cual, en todo caso, deberá atender a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.