Ley de Garantías Electorales: restricciones a la contratación directa durante períodos electorales y excepciones para peritos y asesores técnicos en procesos judiciales

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 cobija a cualquier entidad pública independiente del régimen jurídico, que pueda mediante la contratación directa romper el equilibrio entre los candidatos en desarrollo de las elecciones presidenciales. Dicha norma aplica frente a la contratación directa, entendida como cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizada por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes, ya sea en aplicación de normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como de regímenes especiales.

Dicha reforma tiene como objeto principal los procesos judiciales adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; razón por la cual, conforme a la literalidad de las normas citadas en el párrafo anterior, no se extienden a los procesos arbitrales al tratarse de procesos diferentes en los que las partes optan por no acudir a la jurisdicción contenciosa y dirimir sus diferencias ante árbitros. Las excepciones a los procesos con pluralidad de oferentes, así como las excepciones a prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, son de interpretación estricta. Luego, excluyen tanto la aplicación extensiva como analógica.

En efecto, el concepto de celebración en el marco de la contratación estatal se relaciona con el perfeccionamiento, es decir, con los requisitos para que exista un contrato estatal. Al respecto, se destaca que en entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública la existencia de los contratos estatales, es decir, la producción de efectos jurídicos en los términos del artículo 1501 ibídem, depende de la regulación del inciso primero de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.