Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado: interpretación restrictiva y efectos de sanciones disciplinarias

Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que buscan garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo del régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.

La sanción disciplinaria de suspensión convertida en multa, en aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, por no encontrarse el disciplinado en ejercicio del cargo al momento de la ejecutoria del fallo, tiene como efecto jurídico la imposición de una sanción de carácter exclusivamente pecuniario. La sanción efectivamente ejecutada es la multa, no la suspensión, pues la conversión opera por mandato legal y determina la naturaleza de la sanción cumplida. La multa, considerada de forma autónoma, no contempla dentro de sus efectos jurídicos restricción para celebrar contratos de prestación de servicios con entidades estatales ni para acceder a cargos públicos, salvo disposición legal expresa en contrario.