Garantías exigibles en contratos con entidades sin ánimo de lucro regulados por el Decreto 092 de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 092 de 2017, y comoquiera que dicha normativa no establece una regulación expresa de las garantías, los contratos que las Entidades Estales celebren con entidades privadas sin ánimo de lucro, se rigen por régimen de garantías establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en la Subsección 1 de la Subsección 1 de la Sección 3 Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

Para la ejecución de estos contratos resulta en principio exigible a la constitución de garantía única de cumplimiento, la cual, dependiendo del objeto del contrato debe abarcar los siguientes amparos: i) Buen manejo y correcta inversión del anticipo.; ii) Devolución del pago anticipado; iii) Cumplimiento del contrato, iv) pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales; v) estabilidad y calidad de la obra; vi) calidad del servicio; vii) calidad y correcto funcionamiento de los bienes; y viii) los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato.

La exigibilidad de garantías respecto de la calidad del servicio y/o la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, depende de lo determinado por la Entidad Estatal en el marco del ejercicio de planeación expresado dentro de los Documentos del Proceso. De esta manera, en el marco de la autonomía y discrecionalidad que les asiste para desarrollar su actividad contractual, corresponde a cada Entidad Estatal determinar las garantías que les resultan aplicables a cada objeto contractual teniendo en cuenta las particularidades de este, con sujeción a los dispuesto en normas como los artículos 2.2.1.2.3.1.15. y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

El amparo de calidad del servicio “[…] protege a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado, dadas las condiciones pactadas en el contrato”. De otra parte, el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes protege a la Entidad Estatal “[..] frente a los perjuicios imputables al contratista garantizado derivados de mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el incumplimiento de parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo”.