Viabilidad jurídica de que un fondo de creación legal asimilable a entidad de economía mixta suscriba contrato de arrendamiento con opción de compra

En consecuencia, en contratos de arrendamiento en los que intervenga una entidad de régimen especial como arrendadora o arrendataria exige un análisis caso a caso que, si bien reconozca las normas establecidas en sus manuales de contratación y la autonomía de la voluntad de las entidades, considere la naturaleza de la actividad de la entidad, las características del bien objeto del contrato y el régimen presupuestal aplicable. Dicho análisis determinará si la situación concreta configura una tensión entre derechos de igual orden, resoluble en los términos previstos en la citada disposición, o si, por el contrario, el derecho individual del arrendatario colisiona con el interés público, caso en el cual su primacía haría improcedente la aplicación del derecho de renovación tácita del contrato.

Así pues, el contrato estatal es el acto jurídico creador de obligaciones en cuya celebración concurre una de las Entidades Estatales, independientemente de que se trate de contratos previstos o tipificados en el derecho privado, en disposiciones especiales o que sencillamente resulten del ejercicio de la autonomía de la voluntad, como sucede con los que se clasifican como atípicos e innominados –artículo 32 de la Ley 80–.

No obstante lo anterior, es claro que existen presupuestos, a los cuales se hizo referencia en este concepto, que la jurisprudencia ha fijado y que pueden guiar a las entidades de régimen especial en este ejercicio de interpretación y armonización. En primer lugar, es necesario considerar los argumentos expuestos por el Consejo de Estado respecto al cumplimiento de las formalidades para la formación y existencia del contrato o de sus modificaciones.