Compatibilidad del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 con los principios de selección objetiva y transparencia en la contratación estatal

El numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que las personas jurídicas deben acreditar su experiencia mediante certificados de contratos ejecutados y, de manera excepcional, permite que aquellas con menos de tres (3) años de constitución acrediten la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, siempre que esta se encuentre debidamente soportada e inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP). Esta regla tiene como finalidad incentivar la libre competencia y la pluralidad de oferentes en la contratación estatal, facilitando la participación de sociedades nuevas sin eliminar el requisito de idoneidad.

Esta prerrogativa, puede entenderse como una medida de fomento a la participación de pequeños oferentes en la contratación estatal, permite que las sociedades relativamente nuevas ─ con menos de 3 años de constitución ─ puedan acreditar como experiencia en el RUP la de sus accionistas, socios o constituyentes. A pesar de que la experiencia es inherente a la persona que la ha obtenido, razón por la cual es intransferible en virtud de su carácter personalísimo, por disposición legal o reglamentaria, en casos excepcionales, como el descrito por el artículo mencionado, se permite hacerlo.

En esa medida, su aplicación resulta compatible con los principios de selección objetiva y transparencia, en tanto la experiencia continúa siendo un criterio verificable de idoneidad, solo que acreditado por una vía excepcional permitida por la norma. La selección objetiva se mantiene porque la evaluación se basa en información objetiva, previamente definida en los pliegos y susceptible de verificación en el RUP; y la transparencia se garantiza mediante la exigencia de soportes documentales y la publicidad de la información registrada.

No obstante, dicha prerrogativa está sujeta a límites claros: por un lado, su uso debe ser razonable, uniforme y debidamente controlado, evitando distorsiones como la doble contabilización o la sobrevaloración de la experiencia; y por otro, tiene un carácter temporal, pues solo aplica a sociedades con menos de tres (3) años de constitución. En consecuencia, una vez superado este término, la persona jurídica no podrá acreditar la experiencia de nuevos socios o accionistas para beneficiarse de esta excepción, debiendo demostrar su propia experiencia.