Indígenas – asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas – naturaleza jurídica y capacidad contractual

El documento conceptúa sobre la capacidad contractual de los cabildos, autoridades tradicionales indígenas y resguardos indígenas en Colombia, precisando su naturaleza jurídica, límites y condiciones para contratar. Fija la posición de que las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, reguladas por el Decreto 1088 de 1993, son entidades de derecho público especial con personería jurídica y autonomía administrativa, por lo que pueden celebrar negocios jurídicos bajo el derecho privado, salvo cuando actúen como entidades estatales en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Señala que los territorios indígenas, mientras no se expida la Ley de Ordenamiento Territorial, operan bajo un régimen transitorio que los equipara a entidades estatales para efectos de administración de recursos, pero su capacidad contractual con otras entidades públicas está restringida a casos específicos. Además, destaca que los municipios y distritos pueden celebrar convenios solidarios con estas organizaciones indígenas para el desarrollo de programas conjuntos, sin limitaciones de cuantía. La autoridad aclara que los actos o contratos de los territorios indígenas en ejecución de recursos del SGP se rigen por el Estatuto de Contratación Estatal, mientras que los negocios jurídicos entre territorios indígenas y asociaciones de cabildos se sujetan a modalidades especiales de selección.

Determinar si los cabildos indígenas, por su naturaleza jurídica, tienen capacidad para suscribir contratos estatales conforme a la Ley 80 de 1993

• Constitución Política de Colombia de 1991cita a
• Decreto 1088 de 1993cita a
• Decreto 1953 de 2014cita a
• Decreto 2164 de 1995cita a
• Decreto 252 de 2020cita a
• Ley 1551 de 2012cita a
• Ley 1755 de 2015cita a
• Ley 21 de 1991cita a
• Ley 80 de 1993cita a
• Ley 89 de 1890cita a