Ley de garantías electorales – destinatarios del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005

La Ley de Garantías Electorales, para el cumplimiento de los objetivos que dieron lugar a su expedición, fijó una serie de regulaciones y prohibiciones dirigidas a los servidores públicos. No obstante, debe aclararse que estas disposiciones se dirigen a dos tipos de campañas electorales claramente diferenciadas: las presidenciales y las demás que se adelanten para la elección de otros cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como a nivel territorial.

el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de elección popular, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital «[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista».

al momento de interpretar los sujetos destinatarios del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 debe tenerse en cuenta tres (3) criterios interpretativos: i) criterio restrictivo, que consiste en que el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 restringe la suscripción de convenios o contratos interadministrativos a una categoría de entidades; ii) criterio material, que se refiere a un determinado tipo de entidades del Estado de la rama ejecutiva del nivel territorial; y iii) criterio residual, que consiste en señalar que no le son aplicables las prohibiciones a aquellas entidades que no pertenezcan a las categorías establecidas en la norma.

se concluye que las contralorías territoriales y las personerías no les aplica dicha disposición. Lo anterior, por cuanto no solamente no se encuentran dentro de los sujetos que pertenecen a nivel descentralizado a la administración, según lo contemplado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, sino además porque al tratarse de órganos de control, no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución.