Aplicación de la Resolución 116 de 2020 sobre factores de calidad en documentos tipo de licitación pública de infraestructura de transporte

En términos generales, en la referida Resolución se dispuso: i) que el ofrecimiento del proponente sobre la «garantía suplementaria o adicional» y el «mantenimiento adicional», no podrá superar el «[…] valor porcentual máximo entre el siguiente rango: entre el 30% y el 50% del plazo establecido por la entidad para la garantía de estabilidad y calidad de la obra […]» , valor porcentual que fija libremente la autoridad contratante dentro del referido rango; y ii) que, en relación con las «cuadrillas de trabajo» adicionales, las entidades deben elegir si establecen un estimado de frentes de trabajo o si no lo establecen, pues, en el primer evento, «[e]l proponente podrá ofrecer hasta máximo 2 cuadrillas por cada frente de trabajo», mientras que en el segundo, «[…] ofrecerá 1 cuadrilla adicional por cada 50 obreros que sean requeridos para el proyecto de infraestructura de transporte».

La Resolución No. 116 del 21 de julio de 2020 es obligatoria para los procedimientos de licitación pública y de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia; no a los anteriores. El artículo 4º del referido acto administrativo dispone que «Esta resolución rige a partir de su publicación», pero este precepto debe interpretarse con el matiz previsto para las normas anteriores, en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

si la Resolución No. 116 del 21 de julio de 2020 inició su vigencia antes de la expedición del acto administrativo de apertura de la licitación pública o de la selección abreviada de menor cuantía –acto que, como bien es sabido, debe hacer referencia al sitio en el que se puede consultar el pliego de condiciones definitivo–, la entidad estatal debe ajustar el pliego de condiciones definitivo al contenido de dicha Resolución, pues el acto administrativo de apertura comienza una etapa distinta y es en realidad la decisión que da origen al procedimiento administrativo contractual.

En el ordenamiento jurídico colombiano, por principio, las leyes, y en general, los actos normativos, comienzan a regir a partir del momento en que se cumple la formalidad dispuesta para conferirles publicidad, pues con ello se busca garantizar que se pueda predicar la ficción normativa consistente en la presunción de conocimiento general del derecho; presunción que no tendría sentido si las normas fueran exigibles antes de su publicación, notificación o comunicación, es decir, antes de que los sujetos que son destinatarios de las mismas, fácticamente, al menos, tengan la posibilidad de conocerlas.