Ley de Garantías Electorales – Finalidad y restricciones en contratación pública

En ese contexto, para resolver el problema jurídico es preciso indicar que las restricciones previstas en la Ley de Garantías recaen sobre la celebración de contratos estatales, particularmente respecto de mecanismos de contratación directa, y no frente al cumplimiento de obligaciones legales a cargo de las entidades. En esa medida, el pago de tasas, impuestos o tarifas fijadas por la ley o mediante actos administrativos de carácter general no constituye una actuación contractual ni implica la celebración de un contrato estatal.

Así las cosas, el pago de este tipo de obligaciones no se subsume en los supuestos de prohibición previstos en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, toda vez que no corresponde al desarrollo de actividad contractual ni al adelantamiento de un proceso de selección de contratistas. Por el contrario, se trata del cumplimiento de una obligación legalmente establecida, circunstancia que lo ubica por fuera del ámbito material de aplicación de la restricción prevista en la Ley de Garantías.

De esta forma, se ha depurado la noción de “contratación directa”, precisando el Consejo de Estado –en el concepto citado– que, “aun cuando no coincide única y exactamente con la regulación que de dicho sistema de selección hace el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, tampoco puede afirmarse que sea cualquier procedimiento de contratación distinto de la licitación pública, pues esto sería tanto como desconocer que el legislador, no solo en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sino también en leyes especiales e, incluso, en el derecho privado, han establecido sistemas de contratación que implican convocatoria pública y participación de varios oferentes”.

De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar cualquier contrato de forma directa, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.