Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública

Instituciones educativas oficiales – Naturaleza jurídica, capacidad para contratar y deber de publicidad en SECOP II

P20220809007851 · 20 de septiembre de 2022

EpígrafeInstituciones educativas oficiales – Naturaleza jurídica, capacidad para contratar y deber de publicidad en SECOP II
Resumen

El documento, suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente el 20 de septiembre de 2022, conceptúa sobre el régimen jurídico de las instituciones educativas oficiales en Colombia, su capacidad para contratar y el deber de publicidad de sus actos contractuales. Fija la posición de que estas instituciones, al carecer de personería jurídica pero contar con capacidad para contratar mediante los fondos de servicios educativos, se rigen por un régimen especial cuando los contratos no superan los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplicándose normas civiles y comerciales complementadas por reglamentos internos. Sin embargo, el concepto precisa que, conforme al artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, todas las instituciones educativas oficiales, independientemente del monto contractual, están obligadas a publicar en el SECOP II los documentos relacionados con su actividad contractual, sin que ello implique la obligatoriedad de realizar contrataciones electrónicas. Además, delimita que la competencia de Colombia Compra Eficiente se circunscribe a interpretar normas generales de contratación pública, sin resolver casos particulares ni validar actuaciones administrativas.

Pregunta formulada a la Agencia

Aclarar la aplicación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 sobre la publicación en SECOP II de los contratos inferiores a 20 SMLV celebrados por instituciones educativas oficiales con recursos de los Fondos de Servicios Educativos.

Fragmentos citables
Las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 descentralizaron el sistema educativo en Colombia, asignándoles a los departamentos, distritos y municipios las competencias y los recursos para dirigir las instituciones educativas. Es decir, el sistema educativo está descentralizado por las competencias propias que se les ha otorgado a las entidades territoriales para administrar las instituciones educativas, que pueden ser de los diferentes niveles, pero estas no son entidades descentralizadas. Conforme a lo anterior, las instituciones educativas pertenecen a la entidad territorial que haya efectuado su reconocimiento de carácter oficial. No obstante, carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar y se concreta en la competencia que le otorgó el legislador en la Ley 715 de 2001 para administrar los fondos de servicios educativos, siendo cuentas contables que les permiten a las instituciones realizar la gestión y ejecución presupuestal de los recursos que reciben los establecimientos educativos.
Establece la naturaleza jurídica de las instituciones educativas oficiales y su capacidad para contratar, base para entender su régimen especial.
Respecto de la capacidad para contratar con la que cuentan las instituciones educativas por medio de los fondos de servicios educativos, hay que precisar que cuando se trata de actos y contratos cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se sujetarán a las condiciones previstas en el reglamento de contratación que expida el consejo directivo de la institución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001. [...] En ese sentido, tratándose de la contratación realizada por dichas instituciones por debajo de la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es el consejo directivo quien tiene la competencia para establecer las reglas conforme a las cuales debe realizarse la adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos los procedimientos, mecanismos, requisitos y formalidades que deben respetarse en estos procesos de contratación.
Define el umbral de los veinte salarios mínimos y la competencia del consejo directivo para regular la contratación por debajo de este límite.
Por el contrario, cuando la celebración de contratos a que haya lugar con recursos del fondo de servicios educativos supere la cuantía de los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, debe hacerse con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Es decir, las reglas a las que deben sujetarse los procedimientos dentro de los que se enmarque esta contratación son las del Estatuto General de Contratación, procediendo la aplicación de las modalidades de selección definidas en la Ley 1150 de 2007, así como los requisitos y formalidades establecidos en el Decreto 1082 del 2015 y demás normas aplicables.
Establece el régimen aplicable a los contratos que superan el umbral de los veinte salarios mínimos.
Conforme a lo anterior, el efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 respecto de los procesos de contratación que adelanten las instituciones educativas oficiales se concreta en que, en atención a lo señalado en la norma bajo estudio, les corresponde publicar en el SECOP II todos los documentos contractuales que expidan en los procesos de régimen especial que adelanten. Sin embargo, esto no implica que estas instituciones ahora estén obligadas a desarrollar la contratación de manera electrónica o que forzosamente deban utilizar el SECOP II de manera transaccional, ya que conforme se viene explicando, el efecto del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 se reduce a establecer el SECOP II como medio de publicidad de la actividad contractual sujeta a regímenes especiales.
Precisa el alcance del deber de publicidad en el SECOP II para las instituciones educativas, aclarando que no implica contratación electrónica obligatoria.
MateriasDeber De Publicidad · Fondos De Servicios Educativos · Instituciones Educativas Oficiales · Ley 2195 De 2022 · Secop Ii · Ley 715 de 2001 · Umbral de 20 SMLV · Contratación estatal · Capacidad para contratar · Contratación · Entidades Estatales Exceptuadas Del Estatuto De Contratación · Umbral · Veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/1664979453819-C-596.docx
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Acceso al documento

Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-596 de 2022
NúmeroP20220809007851
Fecha del documento20 de septiembre de 2022
Fecha de captura25 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 25 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: 7889bd8fe691….

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