Pueblos indígenas – Régimen de contratación con resguardos y autoridades tradicionales

En primer lugar, se hace necesario aclarar que la destinación de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones de los Resguardos Indígenas – AESGPRI –por regla general será para el financiamiento de proyectos de inversión debidamente formulados y de acuerdo con los planes de vida, la ley de origen, el derecho mayor o derecho propio de los Pueblos indígenas. Ahora, si bien el Decreto 1953 de 2014 habilita a los Territorios y Resguardos Indígenas para administrar estos recursos, lo cierto es, que el artículo 34 del citado decreto, permite la suscripción contratos de administración entre las Entidades Territoriales y el representante legal del Resguardo designado por las Autoridades propias, esto en el evento en el que el Resguardo no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones.

En lo que respecta al segundo problema juridico planteado debe indicarse que, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del artículo 20 del Decreto 1953 de 2014, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones, cuando lo requieran podrán celebrar contratos con asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas constituidas bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1088 de 1993 modificado por el Decreto 252 del 2020. Igualmente, la norma señala de manera expresa que la modalidad de selección que se dispone para este tipo de negocios jurídicos es la contemplada en el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, esto es, bajo la tipología de contratos interadministrativos.

En todo caso, es importante considerar que estos decretos tienen el carácter de decretos autónomos, pues fueron expedidos conforme a las facultades normativas excepcionales atribuidas al Gobierno Nacional por el artículo 56 transitorio de Constitución Política, en lo que el Congreso de la República implementa los territorios indígenas, cuestión respecto de la que permanece la omisión legislativa –sin perjuicio de la expedición de la Ley 1454 de 2011, tal como lo precisó la Corte Constitucional en las sentencias C-489 de 2012 y C-617 de 2015.

Por otro lado, el artículo 20 del Decreto 1953 de 2014 dispone que los actos o contratos que celebren o expidan los territorios indígenas en virtud de dicho decreto se regirán por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Estatuto de Contratación Estatal, entre otras normas. También dispuso que los territorios indígenas pueden celebrar contratos con las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales de que trata el Decreto 1088 de 1993, pero estos solo podrán celebrarse entre territorios indígenas, cabildos y/o autoridades tradicionales constituidos bajo lo dispuesto en el Decreto 1088 de 1993, no con otras entidades del Estado.