Asociaciones público-privadas – formas de colaboración y normativa aplicable

Las APP se caracterizan por: (i) tener una larga duración; (ii) definir sus objetos alrededor de proyectos, lo que conlleva la previsión de actividades como el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura pública sobre la que verse el contrato y/o los servicios asociados; (iii) contar con financiación privada o público-privada; (iv) establecer como forma de remuneración el otorgamiento del derecho a la explotación de la infraestructura o servicio, aunque en algunos casos es posible pactar el desembolso de recursos públicos; (v) condicionar la remuneración a niveles de calidad; (vi) trasladar parte importante de los riesgos al contratista –por ejemplo, los asociados al diseño, niveles de demanda, deterioro y mantenimiento de la infraestructura- según su capacidad y experiencia; y (vii) distribuir las tareas entre las partes de acuerdo con su experiencia y ventaja competitiva.

Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

En virtud de esto, y comoquiera que el artículo 9 de la Ley 1508 de 2012, reglamentado por el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establecen como procedimiento de selección para proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública el de licitación pública regulado por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, para ser contratistas o ejecutores en este tipo de esquemas asociativos, deberán participar en la correspondiente licitación pública y resultar adjudicatarias.

Así pues, en virtud de lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, ante la existencia de estas normas especiales, tampoco resulta aplicable la causal de contratación directa del artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, para la celebrar contratos para la elaboración de estudios, evaluación de proyectos de iniciativa privada e interventorías de los mismos, deberá acudirse a procesos de selección abreviada de menor cuantía y mínima cuantía, según corresponda.