Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, naturaleza especial y obligaciones de publicidad en el SECOP

Por regla general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico aplicable a los contratos que celebren las empresas de servicios públicos domiciliarios es el del derecho privado, no el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, literal c) de la Ley 1150 de 2007, la obligatoriedad de publicar las actuaciones contractuales de las entidades no depende de su régimen de contratación, sino de la ejecución de recursos públicos, tal y como lo determinó, provisionalmente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el auto del 14 de agosto de 2017.

Además, las empresas prestadoras de servicios públicos ostentan la calidad de sujetos obligados en el marco de la Ley 1712 de 2014, de conformidad con el su artículo 5, literal a) de dicha ley, al hacer parte de la Rama Ejecutiva. Por tanto, el deber de publicar su gestión contractual en el SECOP se fundamenta en los artículos 9, literal e), y 11 literal g) de dicha ley, así como en los artículos 2.1.1.2.1.7 y 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, que lo desarrollan.

Nótese, entonces, que el Consejo de Estado asumió como criterio para determinar la obligatoriedad de publicar en el SECOP que la contratación se haga con recursos públicos, conclusión que la extrajo del literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. Así, a partir de la anterior decisión, la obligación de publicar en el SECOP, por parte de las entidades con régimen especial, adquirió un elemento normativo adicional a las Leyes 1150 de 2007, 1712 de 2014 y la Circular Externa Única: un pronunciamiento del Consejo de Estado.