Autonomía de las entidades estatales en la configuración de pliegos de condiciones y selección objetiva de contratistas

las Entidades Estatales respecto de la estructuración de sus procesos de contratación, tienen unos límites procedimentales y sustanciales. Esto debido a que, la vocación de la ley y el reglamento es ser general y abstracto, por lo que pese a que las entidades deben ceñirse a las reglas allí dispuestas, serán estas las llamadas a llenar el contenido material del pliego de condiciones con fundamento en la información obtenida en la etapa de planeación, esto es, la necesidad concreta de la entidad, el presupuesto del proceso de selección, las condiciones propias del sector económico en el que se adelanta la contratación y demás factores. Lo anterior configura entonces, la potestad discrecional que le asiste a la Administración en la redacción y construcción de los pliegos de condiciones como expresión de la voluntad del ejecutor, ya que es este el que tiene el conocimiento específico requerido para la redacción del documento y será el llamado a ejecutar el proceso selección

En función del principio de selección objetiva, la escogencia del futuro contratista no puede motivarse en razones subjetivas que afecten la imparcialidad de la Entidad Estatal. En ese sentido, se tiene que, el primer inciso del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, indica que “[e]s objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. En ese sentido se precisa, que la norma en cita señala que los factores de escogencia y calificación que establezcan las Entidades Estatales en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta criterios como la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización, entre otros elementos que garanticen la escogencia de la mejor opción de negocio para la entidad.

Cuando el documento contractual tenga información sensible, clasificada o reservada, para proteger la reserva de información, las autoridades deben abstenerse de publicar en el SECOP la información que tiene protección especial o está sometida a reserva. Sin embargo, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 “La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella”. Por ello, la Entidad Estatal puede dejar de publicar algún documento del proceso o aparte del mismo que contenga datos sensibles, clasificados o reservados, para no divulgarla, pero debe publicar los demás documentos o los apartados de estos, en caso de que estos no gocen de reserva.

Esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública.