Contrato de prestación de servicios con personas naturales extranjeras: requisitos, inhabilidades e inhabilidades y obligaciones en seguridad social

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

De conformidad con el artículo 1502 (numeral 1) del Código Civil y el inciso primero del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 —modificado por el artículo 1 de la Ley 2160 de 2021—, están facultadas para contratar con las entidades estatales aquellas personas consideradas legalmente capaces bajo las disposiciones vigentes. En consecuencia, dado que el artículo 74 del Código Civil define como personas a todos los individuos de la especie humana, sin distinción de edad, sexo, estirpe o condición, se concluye que los extranjeros gozan de plena capacidad jurídica para celebrar contratos estatales, a menos que se configuren causales de inhabilidad que restrinjan dicha capacidad.

Ante la ausencia de estos documentos de identificación del eventual contratista extranjero, las entidades públicas se enfrentan a una imposibilidad material para realizar la consulta ordinaria. Ahora bien, frente a esta barrera, lo procedente no es exigir certificaciones homólogas de su país de origen, pues obligar al contratista a aportar documentos que muy probablemente no existen en su legislación de origen constituiría una interpretación extensiva y desproporcionada de la norma, vulnerando el principio de selección objetiva al imponer un obstáculo insubsanable ajeno al contratista.

Cuando el contratista extranjero, persona natural, ejecuta el objeto del contrato de prestación de servicios dentro del territorio colombiano, es claro que debe afiliarse y cotizar en los distintos subsistemas, según corresponda. En materia de salud, el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 impone la afiliación obligatoria a todos quienes tengan capacidad de pago, categoría en la que se encuadra el contratista independiente, sea nacional o extranjero.