CONVENIOS ASOCIATIVOS – Régimen jurídico y Documentos del proceso

Los convenios de asociación se encuentran regulados por medio del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, con el propósito de «[q]ue la entidad estatal, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, se asocien con personas jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas a aquellas conforme a la Constitución y a la Ley». Así, según lo dispuesto en este artículo, cuando haya más de una entidad privada sin ánimo de lucro como oferente, la entidad estatal deberá adelantar un proceso competitivo bajo un proceso de selección objetivo justificando los criterios de elección. Lo anterior, salvo aquellos casos en que la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de estas actividades, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio.

La representación de entidades sin ánimo de lucro se ejerce conforme lo dispuesto en los artículos 639 y siguientes del Código Civil, es decir, conforme los límites de la ley y los estatutos. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, los estatutos de las ESAL establecen «[l]a forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal». En ese orden, el representante legal está sometido a las facultades que le fueron otorgadas por los estatutos de la ESAL.

Resulta importante señalar la autonomía administrativa de la que fueron dotadas las autoridades para el ejercicio de las funciones y las competencias frente a su actividad contractual y conforme al régimen jurídico de contratación que les resulta aplicable. De manera que es a estas a quienes les corresponde adoptar las decisiones y adelantar las actuaciones que estimen pertinentes para determinar los Documentos del Proceso a partir de la situación fáctica y jurídica particular del caso concreto.

En virtud de la libertad de configuración que tienen las ESAL sobre sus estatutos, es posible determinar cualquier forma de administración y representación dentro del marco de las normas imperativas en la materia. Así mismo, vía estatutos se puede asignar la potestad para elegir al representante legal a cualquier órgano creado estatutariamente, eso sí, conforme las funciones y facultades que establece el estatuto respectivo, las cuales a su vez determinan las limitaciones del representante legal.