Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública

Alcance de la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993

1_2026_05_21_006844 y 1_2026_05_22_006915 (Acumulados) · 9 de junio de 2026

EpígrafeAlcance de la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993
Resumen

Este documento conceptúa el alcance de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, precisando sus presupuestos, destinatarios y efectos. Fija la posición de que la inhabilidad opera automáticamente al quedar ejecutoriada la sentencia que declare responsabilidad civil o penal, siempre que esta derive de actuaciones contractuales con el Estado, excluyendo responsabilidades civiles extracontractuales o entre particulares. Señala que la declaratoria debe ser judicial, no administrativa, y que su interpretación debe ser restrictiva conforme al principio pro libertate, limitando su aplicación a los supuestos expresamente previstos. Además, establece que los destinatarios incluyen servidores públicos y particulares que intervienen en la contratación estatal, como contratistas, interventores, consultores y asesores, y que la inhabilidad tiene una duración de diez años contados desde la ejecutoria de la sentencia. Finalmente, indica que las entidades deben reportar esta información al Registro Único de Proponentes (RUP) una vez ejecutoriada la sentencia, sin necesidad de acto adicional que la declare.

Pregunta formulada a la Agencia

Determinar el alcance de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, incluyendo sus presupuestos, destinatarios, temporalidad y relación con la actividad contractual estatal

Fragmentos citables
Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el estado, que se derivan: i) de la existencia de comportamientos reprochables o de sanciones anteriormente impuestas, ii) de vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) de una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del estado.
Define los conceptos jurídicos centrales del documento: inhabilidades e incompatibilidades, diferenciando sus fundamentos y alcances.
Para que opere la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, se precisa que la declaratoria de responsabilidad civil o penal debe estar relacionada con la actuación contractual con el Estado, lo que excluye la declaratoria de responsabilidad civil contractual que se produzcan en el marco de relaciones jurídicas entre particulares, así como la derivada de la responsabilidad civil extracontractual.
Establece el presupuesto material esencial para la aplicación de la inhabilidad, delimitando su ámbito de aplicación y excluyendo supuestos no contemplados.
En consecuencia, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, los enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.
Fundamenta la interpretación restrictiva de las inhabilidades e incompatibilidades, citando el principio pro libertate y la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.
Bajo este entendimiento, y con el propósito de hacer efectiva la aplicación de las inhabilidades consagradas en los numerales 3 y 6 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, esta Agencia estima que las entidades estatales, en virtud de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015, deberán reportar la información correspondiente a la sentencia que declare la responsabilidad civil o penal de particulares y personas jurídicas en el marco de un proceso judicial, una vez esta haya quedado debidamente ejecutoriada, conforme a las consideraciones desarrolladas en este concepto.
Establece el mecanismo de publicidad y eficacia de la inhabilidad, indicando la obligación de las entidades de reportar la información al RUP una vez ejecutoriada la sentencia.
MateriasInhabilidades · Registro Único De Proponentes /rup · Régimen De Inhabilidades E Incompatibilidades · Principio pro libertate · Responsabilidad civil y penal · Contratación estatal · Artículo 58 Ley 80 De 1993 · Inhabilidad Sobreviniente · Rup · Actividad contractual · Adjudicatario y Contratista · Concepto · Inhabilidad · Interpretación restrictiva · Particulares · Reporte de inhabilidades
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/06/C-847.docx
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Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-847 de 2026
Número1_2026_05_21_006844 y 1_2026_05_22_006915 (Acumulados)
Fecha del documento9 de junio de 2026
Fecha de publicación11 de junio de 2026
Fecha de captura16 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 16 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: 418c2e889a1d….

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