Régimen de inhabilidades e incompatibilidades en contratación estatal: alcance de restricciones sobre revisores fiscales y efectos en la capacidad jurídica de la persona jurídica proponente

Las inhabilidades e incompatibilidades son medios que garantizan la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y para ello imponen restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de selección y celebrar contratos con la Administración. Asimismo, el carácter reconocidamente taxativo y restrictivo de régimen de inhabilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.

Bajo estas circunstancias, las entidades públicas no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley. En consecuencia, al tratarse de una materia que tiene reserva legal, no es posible que una entidad pública establezca nuevas causales que afecten la capacidad para contratar con el Estado, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.

La circunstancia de que la mujer que ocupa un cargo del nivel directivo se desempeñe simultáneamente como revisora fiscal de la sociedad constituye una situación que puede comprometer el ejercicio legal de la profesión de contador público, pero no afecta la capacidad jurídica del proponente ni se extiende a la persona jurídica. En consecuencia, en ausencia de una disposición legal que establezca dicha consecuencia, no resulta procedente negar el puntaje adicional previsto para emprendimientos y empresas de mujeres con fundamento exclusivo en la prohibición contenida en el artículo 205 del Código de Comercio.

Por ello, el hecho de que la revisora fiscal de la persona jurídica que actúa como oferente ejerza simultáneamente un cargo del nivel directivo constituye una situación que, en principio, solo comporta la vulneración de normas deontológicas cuya sanción corresponde a las autoridades competentes. Así, las restricciones que puedan recaer sobre quien desempeña la revisoría fiscal no se extienden a la persona jurídica, toda vez que dicho órgano cumple funciones de fiscalización y evaluación y carece de roles de representación legal o administración.