Aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) a convenios del Sistema General de Regalías regulados por el artículo 87 de la Ley 2056 de 2020

En cuanto a la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 es preciso resaltar que esta cobija a cualquier entidad pública independiente del régimen jurídico, que pueda mediante la contratación directa romper el equilibrio entre los candidatos en desarrollo de las elecciones presidenciales. Tampoco existe un supuesto de exoneración a la prohibición por tener un régimen especial de los actos o contratos o por la ejecución de un cierto tipo de recursos en sus contrataciones, pues, la posibilidad de que los entes del Estado usen la contratación con fines políticos, esto es, con la intención de influir a los electores y alterar la voluntad popular en las contiendas electorales, puede presentarse tanto en la contratación regulada por la Ley 80 de 1993 como en la regida por normas especiales.

En este sentido, no resulta jurídicamente viable sostener que en este caso existe una excepción a la Ley de Garantías Electorales por el deber de celebrar el convenio dentro de un plazo determinado, especialmente si se tiene en cuenta que las excepciones a las restricciones en materia electoral, debido a su naturaleza excepcional, deben estar consagradas de manera expresa y ser objeto de una interpretación estricta y restrictiva.

De conformidad con lo anterior, la Ley de Garantías Electorales estableció una serie de regulaciones y prohibiciones dirigidas a los servidores públicos. Con la finalidad de preservar la igualdad entre los candidatos en las elecciones, aumentó las garantías en materia de contratación, de forma que no exista siquiera sospecha de que, por ese medio, en los periodos previos a la contienda electoral, se altere las condiciones de igualdad entre los candidatos.