Supervisión e interventoría en contratos estatales: deberes, facultades y límites

El Estado acude a la contratación de bienes, obras y servicios para cumplir los fines que le impone el ordenamiento jurídico, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y de quienes colaboran en la consecución de dichos fines, entre otros. Para la garantía de los fines de interés general involucrados en la contratación de las entidades estatales, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―en adelante EGCAP― establece que, en la etapa de ejecución del contrato, las entidades estatales y los servidores públicos que participan en ella tienen la obligación de controlar y vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, para efectos de que las finalidades perseguidas con la celebración de los negocios jurídicos se logren de manera satisfactoria.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Conforme a las consideraciones expuestas es posible afirmar, de manera general, que según se desprende de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, corresponde al interventor velar por la debida ejecución y el cumplimiento del contrato, lo que podría suponer en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la aprobación o rechazo de las entregas realizadas por el contratista, según se ajusten o no a las condiciones pactadas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que su consulta trata sobre conflictos de distintas indoles entre la interventoría y el contratista vigilado, la Entidad Estatal contratante como supervisora de la ejecución de ambos contratos, en desarrollo de los principios de planeación, responsabilidad y economía de la contratación estatal, deberá conocer, dirigir y resolver los eventuales conflictos que se presenten durante la ejecución del contrato entre ambos contratistas y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.