Determinación de los requisitos de capacidad financiera y exigencia de sucursal en el lugar de ejecución como requisito habilitante

Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidos en disposiciones normativas, de carácter legal o reglamentario, o contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los criterios de evaluación –también conocidos como criterios de calificación– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora […]

La Entidad Estatal, como responsable de la estructuración de su procedimiento de selección, es autónoma para determinar la capacidad financiera necesaria de acuerdo con el objeto contractual que se pretende satisfacer, no obstante, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, debe ser establecida con sustento en el estudio del sector y sus componentes como la identificación de riesgos, el mercado y precio del bien, obra o servicio a contratar […]

Por ello, en los conceptos 2201913000006511 del 3 de septiembre de 2019 y C-032 del 16 de abril de 2024, esta Agencia sostuvo que, por regla general, las entidades no pueden exigir como requisito habilitante que el proponente tenga residencia en el lugar donde se ejecutará el contrato, pues ello afecta la libre competencia, constituye una cláusula discriminatoria y no garantiza la aptitud del proponente para ejecutar el objeto contractual; análisis que resulta igualmente procedente frente a la exigencia de una sucursal formalmente registrada y en funcionamiento en el municipio de ejecución como condición de participación.

De este modo, los requisitos habilitantes previstos en la Ley 1150 de 2007 no son taxativos y la entidad puede definir indicadores o mecanismos adicionales de verificación de la capacidad financiera; sin embargo, esta autonomía no constituye una facultad irrestricta o arbitraria, pues los requisitos que se establezcan deben ser adecuados —esto es, guardar relación directa con el objeto del contrato— y proporcionales —es decir, no imponer condiciones más allá de las necesarias para verificar la idoneidad de los proponentes—, so pena de limitar injustificadamente la libre concurrencia.